Inmejorablemente, el objetivo esencial de los Juegos Olímpicos siempre ha sido el reunir a la hermandad del hombre en un lugar común, independientemente de consideraciones políticas, económicas y sociales, o bien de diferencias étnicas y geográficas. Es en este "espíritu de paz" que los países del mundo han enviado tradicionalmente a sus atletas para competir en diversos deportes y pruebas de condición física. ¿Por qué debería ser distinto este año?
Para empezar, esta es la primera ocasión en la que China es anfitriona de los Juegos Olímpicos. Pero lo que tiene al mundo al filo del asiento ha sido el drama tibetano, cuyo debate ha cobrado mayor relevancia bajo la lupa del interés público. Las imágenes de los tanques militares chinos irrumpiendo en la capital tibetana a principios de este año le han dado la vuelta al mundo en cuestión de días. Hemos presenciado las numerosas protestas y demostraciones alrededor del globo, tanto de tibetanos exiliados reclamando violaciones de derechos humanos como de expatriados chinos denunciando la exageración de los hechos por parte de los "separatistas". Sin importar la posición particular de cada actor, la pregunta sobre la viabilidad de los Juegos Olímpicos frente a la crisis en el Tíbet ha marcado los titulares.
En medio del caos y el aguacero mediático, el gobierno chino ha enfatizado una y otra vez que el conflicto en Tíbet dista de ser una crisis mayor, minimizando el número de muertos y el calibre de violencia. En efecto, el gobierno chino tiene mucho que perder, considerando los beneficios económicos – y las inversiones previamente realizadas – relacionados con la organización de los Juegos Olímpicos. La estrategia de las autoridades chinas ha sido utilizar el sencillo argumento de que, de conformidad con el espíritu de los Juegos, estos deberían estar exentos de toda consideración política.
A pesar de que este argumento bastante lógico podría ser respaldado por la Carta de los Juegos Olímpicos, estos últimos han probado ser todo menos apolíticos. Por un lado, la memoria de la masacre de atletas israelitas en las Olimpiadas de Munich permanece fresca en el imaginario colectivo del mundo occidental. Tampoco hay necesidad de ir tan lejos, los Juegos Olímpicos del 68 marcaron un periodo oscuro y por demás vergonzoso en la historia de México. Por otro lado, habrá que recordar que la selección de la ciudad anfitriona por parte del Comité Olímpico implica una gran campaña mercadotécnica e intensas actividades de cabildeo con profundas motivaciones políticas y económicas. Aún más, los Juegos Olímpicos han estado plagados de escándalos de abuso de sustancias y la eventual lesión infligida intencionalmente contra un competidor (¿quién podría olvidar a Tonya Harding y Nancy Kerrigan?).
China sostiene además que el conflicto tibetano es un elemento de política interna, no un elemento de negociación para que el resto del mundo impida o intervenga en el ascenso pacífico de China. Después de todo, los Juegos de Barcelona se realizaron a pesar del sangriento conflicto en el País Vasco. ¿Por qué habrán de aplicársele a China estándares más altos de buen gobierno y estabilidad doméstica?
A diferencia de España, donde los extremistas nacionalistas vascos realizaron actos unilaterales de terrorismo, en China, es el gobierno quien detenta la responsabilidad por los actos de violencia extrema contra los manifestantes, entre los cuales se encuentran los monjes tibetanos y su voto de no-violencia. Por consiguiente, parece ser que en este caso el Estado no es la víctima sino el perpetrador de la violencia.
La comunidad internacional se encuentra lejos de invocar el principio de la responsabilidad de proteger, según el cual un Estado extranjero se vería obligado a intervenir para evitar la violación masiva de derechos humanos. En un principio, los líderes políticos del mundo entero pronunciaron solamente algunas palabras de precaución y declaraciones desganadas, preocupados de no crear tensiones innecesarias con la economía más dinámica y prometedora del planeta. Pero a medida que la violencia ha escalado, cada vez más individuos han comenzado a cuestionar la viabilidad de los Juegos Olímpicos, no sólo en términos de seguridad, sino por una cuestión de principio. Ciertamente, existen dos tipos de criminales: aquellos que cometen el crimen y aquellos que no hacen nada para detenerlo. En efecto, asistir a los Juegos en Beijing sería interpretado como una aceptación tácita de las políticas internas de China responsables por las violaciones de derechos humanos.
Desafortunadamente, ha quedado claro a través de las numerosas declaraciones sobre “conflictos de agenda” y “previos compromisos” que los líderes mundiales no harán manifiesta su oposición a los Juegos en razón de la violación de derechos humanos. En lugar de ello, escogerán un camino menos comprometedor mediante el cual puedan satisfacer tanto las demandas de los activistas de derechos humanos como sus relaciones privilegiadas con las autoridades chinas.
Por otro lado, se debe tomar en cuenta la suerte que correrán los atletas. Para la mayoría de ellos, un boicot de los Juegos Olímpicos representaría un revés severo, por no decir fatal, para sus carreras profesionales. Después de todo, sí se supone que los Juegos Olímpicos se tratan de una competencia deportiva, ¿no es cierto? Y de ser así, ¿por qué los atletas deben sufrir las consecuencias de las decisiones políticas tomadas en la alta esfera diplomática?
Son los atletas quienes deberán decidir si desean o no competir. A la fecha, algunos ya se han retirado voluntariamente de la competencia como un gesto de simpatía hacia la causa tibetana. Para otros, sin embargo, el conflicto tibetano se encuentra muy lejos de sus preocupaciones inmediatas y no han expresado oposición alguna a la celebración de los Juegos.
A pesar de su bella simplicidad, el argumento chino de que ninguna consideración política debería interferir con la realización de los Juegos Olímpicos ha pasado por alto el hecho de que una reunión en nombre de la paz está inherentemente trastornada si su anfitrión emplea violencia innecesaria contra sus ciudadanos. Lamentablemente, mientras que los líderes políticos encontrarán excusas para rehuir a los Juegos Olímpicos y no ofender al dragón asiático, los atletas – verdaderas estrellas del espectáculo – se verán presionados a tomar una decisión mucho más costosa si desean ser solidarios con la causa tibetana y adoptar una postura en materia de derechos humanos. La pregunta que permanece, sin embargo, es si los espectadores mostrarán el mismo entusiasmo por las Olimpiadas que en años pasados. ¿Tomará el público una postura a la altura de las circunstancias y favorecerá los derechos humanos? ¿O permanecerán inmóviles, como en la antigua Roma, hechizados por el espectáculo y olvidarán las manchas de sangre en la arena del estadio?
Para empezar, esta es la primera ocasión en la que China es anfitriona de los Juegos Olímpicos. Pero lo que tiene al mundo al filo del asiento ha sido el drama tibetano, cuyo debate ha cobrado mayor relevancia bajo la lupa del interés público. Las imágenes de los tanques militares chinos irrumpiendo en la capital tibetana a principios de este año le han dado la vuelta al mundo en cuestión de días. Hemos presenciado las numerosas protestas y demostraciones alrededor del globo, tanto de tibetanos exiliados reclamando violaciones de derechos humanos como de expatriados chinos denunciando la exageración de los hechos por parte de los "separatistas". Sin importar la posición particular de cada actor, la pregunta sobre la viabilidad de los Juegos Olímpicos frente a la crisis en el Tíbet ha marcado los titulares.
En medio del caos y el aguacero mediático, el gobierno chino ha enfatizado una y otra vez que el conflicto en Tíbet dista de ser una crisis mayor, minimizando el número de muertos y el calibre de violencia. En efecto, el gobierno chino tiene mucho que perder, considerando los beneficios económicos – y las inversiones previamente realizadas – relacionados con la organización de los Juegos Olímpicos. La estrategia de las autoridades chinas ha sido utilizar el sencillo argumento de que, de conformidad con el espíritu de los Juegos, estos deberían estar exentos de toda consideración política.
A pesar de que este argumento bastante lógico podría ser respaldado por la Carta de los Juegos Olímpicos, estos últimos han probado ser todo menos apolíticos. Por un lado, la memoria de la masacre de atletas israelitas en las Olimpiadas de Munich permanece fresca en el imaginario colectivo del mundo occidental. Tampoco hay necesidad de ir tan lejos, los Juegos Olímpicos del 68 marcaron un periodo oscuro y por demás vergonzoso en la historia de México. Por otro lado, habrá que recordar que la selección de la ciudad anfitriona por parte del Comité Olímpico implica una gran campaña mercadotécnica e intensas actividades de cabildeo con profundas motivaciones políticas y económicas. Aún más, los Juegos Olímpicos han estado plagados de escándalos de abuso de sustancias y la eventual lesión infligida intencionalmente contra un competidor (¿quién podría olvidar a Tonya Harding y Nancy Kerrigan?).
China sostiene además que el conflicto tibetano es un elemento de política interna, no un elemento de negociación para que el resto del mundo impida o intervenga en el ascenso pacífico de China. Después de todo, los Juegos de Barcelona se realizaron a pesar del sangriento conflicto en el País Vasco. ¿Por qué habrán de aplicársele a China estándares más altos de buen gobierno y estabilidad doméstica?
A diferencia de España, donde los extremistas nacionalistas vascos realizaron actos unilaterales de terrorismo, en China, es el gobierno quien detenta la responsabilidad por los actos de violencia extrema contra los manifestantes, entre los cuales se encuentran los monjes tibetanos y su voto de no-violencia. Por consiguiente, parece ser que en este caso el Estado no es la víctima sino el perpetrador de la violencia.
La comunidad internacional se encuentra lejos de invocar el principio de la responsabilidad de proteger, según el cual un Estado extranjero se vería obligado a intervenir para evitar la violación masiva de derechos humanos. En un principio, los líderes políticos del mundo entero pronunciaron solamente algunas palabras de precaución y declaraciones desganadas, preocupados de no crear tensiones innecesarias con la economía más dinámica y prometedora del planeta. Pero a medida que la violencia ha escalado, cada vez más individuos han comenzado a cuestionar la viabilidad de los Juegos Olímpicos, no sólo en términos de seguridad, sino por una cuestión de principio. Ciertamente, existen dos tipos de criminales: aquellos que cometen el crimen y aquellos que no hacen nada para detenerlo. En efecto, asistir a los Juegos en Beijing sería interpretado como una aceptación tácita de las políticas internas de China responsables por las violaciones de derechos humanos.
Desafortunadamente, ha quedado claro a través de las numerosas declaraciones sobre “conflictos de agenda” y “previos compromisos” que los líderes mundiales no harán manifiesta su oposición a los Juegos en razón de la violación de derechos humanos. En lugar de ello, escogerán un camino menos comprometedor mediante el cual puedan satisfacer tanto las demandas de los activistas de derechos humanos como sus relaciones privilegiadas con las autoridades chinas.
Por otro lado, se debe tomar en cuenta la suerte que correrán los atletas. Para la mayoría de ellos, un boicot de los Juegos Olímpicos representaría un revés severo, por no decir fatal, para sus carreras profesionales. Después de todo, sí se supone que los Juegos Olímpicos se tratan de una competencia deportiva, ¿no es cierto? Y de ser así, ¿por qué los atletas deben sufrir las consecuencias de las decisiones políticas tomadas en la alta esfera diplomática?
Son los atletas quienes deberán decidir si desean o no competir. A la fecha, algunos ya se han retirado voluntariamente de la competencia como un gesto de simpatía hacia la causa tibetana. Para otros, sin embargo, el conflicto tibetano se encuentra muy lejos de sus preocupaciones inmediatas y no han expresado oposición alguna a la celebración de los Juegos.
A pesar de su bella simplicidad, el argumento chino de que ninguna consideración política debería interferir con la realización de los Juegos Olímpicos ha pasado por alto el hecho de que una reunión en nombre de la paz está inherentemente trastornada si su anfitrión emplea violencia innecesaria contra sus ciudadanos. Lamentablemente, mientras que los líderes políticos encontrarán excusas para rehuir a los Juegos Olímpicos y no ofender al dragón asiático, los atletas – verdaderas estrellas del espectáculo – se verán presionados a tomar una decisión mucho más costosa si desean ser solidarios con la causa tibetana y adoptar una postura en materia de derechos humanos. La pregunta que permanece, sin embargo, es si los espectadores mostrarán el mismo entusiasmo por las Olimpiadas que en años pasados. ¿Tomará el público una postura a la altura de las circunstancias y favorecerá los derechos humanos? ¿O permanecerán inmóviles, como en la antigua Roma, hechizados por el espectáculo y olvidarán las manchas de sangre en la arena del estadio?
